El debate se ha centrado en gran medida en la eliminación de las ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro de los Planes Estatales de Vivienda, incluso las que ya se estuvieran abonando, y no se admitirán nuevos reconocimientos de concesión, renovación, prórroga, subrogación u otras actuaciones.

Asimismo, las ayudas estatales directas sólo se mantendrán si hay una aceptación expresa de Fomento, mientras que las del Programa de Inquilinos, áreas de rehabilitación integral, Renove y Renta Básica de Emancipación (RBE) se mantienen sólo hasta que entren en vigor las nuevas líneas.

Recurso ante el TC

De esta manera, el Gobierno sólo mantendrá las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o la rehabilitación que ya se estuvieran recibiendo, así como las que fueron reconocidas antes del 15 de julio de 2012 que cuenten con la conformidad de Fomento siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Una decisión que ha sido criticada por toda la oposición, que ha votado en bloque en contra de la enmienda salvo por UPN y FAC, que se han sumado a los 'populares'. Además, CiU ha sido particularmente beligerante y su portavoz adjunto, Pere Macias, ha invitado al resto de grupos a presentar un recurso conjunto contra el TC por el carácter retroactivo de la medida, que creará inseguridad jurídica.

Ley incompleta e ineficaz

Por lo demás, los grupos de la oposición también han afeado a los 'populares' que aprovechen la tramitación en el Senado de forma sistemática para introducir modificaciones "por la puerta de atrás" y con poco debate, en muchas ocasiones además sin relación con el objeto de la ley que se tramita.

Con respecto a la Ley del Alquiler, los argumentos más repetidos han sido que es una norma "corta" que no servirá para solucionar los problemas del mercado del alquiler sino que, antes al contrario, dejará desprotegido al inquilino, facilitará el "desahucio super-mega exprés" y además supondrá la publicación de una 'lista negra' de morosos.

Los 'populares', por su parte, argumentan que la norma modernizará un mercado demasiado "rígido" y que no funciona, con el objetivo de dejar en manos de los implicados las relaciones contractuales y hacer así que el alquiler no sea la última opción sino una alternativa posible.

Fomento del alquiler

El proyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto, reduce a diez días el plazo de desahucio ante impagos del alquiler si el inquilino no presenta alegaciones ante el juez. Por su parte, el arrendatario podrá rescindir el contrato sin pagar indemnización con tan solo comunicarlo con un mes de antelación. Eso sí, la norma también reduce de cinco a tres años el plazo de renovación de contrato obligatorio.

En el texto original el Gobierno había recogido sendos apartados para fomentar la creación y funcionamiento de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), y para recoger bonificaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades para el arrendamiento de viviendas.

Sin embargo, los 'populares' retiraron finalmente estos artículos --junto con el relativo al gravamen especial del Impuesto sobre la Renta de no residentes-- por estar contenidos en la Ley de Medidas Tributarias para la consolidación de las finanzas públicas aprobada el año pasado.

Según la ministra de Fomento, Ana Pastor, esta normativa tiene como objetivo mejorar la oferta de alquiler para generar más movilidad en el mercado, elevar las posibilidades de los ciudadanos de encontrar piso y a precios mejores, y lograr un mejor equilibrio entre los derechos de los inquilinos y de los propietarios.

Durante su paso por el Congreso, el proyecto de ley incorporó algunas modificaciones sustanciales, como la creación de un registro donde figuren los inquilinos condenados en firme --judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral-- por impago de la renta del alquiler para que puedan ser conocidos por otros arrendadores.

Además, se incluyó la obligación del dueño de la vivienda de informar a los inquilinos en caso de querer vender el piso, y también se le autorizó a disponer de la vivienda en caso de necesitarla para sí mismo o para algún familiar, avisando al inquilino con al menos dos meses de antelación.

Por otra parte, se autorizó a los arrendatarios a realizar obras de adecuación de la vivienda a un discapacitado, siempre y cuando se notifiquen esos cambios y se reponga la vivienda al término del contrato al estado anterior. Y también se decidió vincular os alojamientos y viviendas turísticas de particulares a la normativa sobre turismo de las comunidades autónomas. 

En un desayuno informativo organizado por El Ágora de El Economista, Duran Lleida ha comentado que ayer mismo mantuvo una reunión con el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para hablar sobre la reforma constitucional.

Respecto a la propuesta socialista para que se incluya la cuestión territorial de Cataluña en la Carta Magna, Duran ha dicho que no le suena mal pero habría que ver "la letra y la fórmula exacta".

"Esa música, esa partitura me suena bien pero hace falta ver la partitura completa para saber si estamos o no a favor de esa reforma de la Constitución", ha subrayado.

Duran Lleida se ha quejado de la falta de diálogo del Gobierno y ha dicho que el Ejecutivo no les reúne "para nada" y "abusa mucho del real decreto ley y no busca la complicidad del resto de fuerzas parlamentarias".

Se trata de una de las principales conclusiones del informe de la institución titulado 'El fomento del empleo juvenil a través de la adquisición de experiencia laboral', patrocinado por Manpower, presentado este jueves. Según ha precisado el presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas, Salvador del Rey, "aún hay que innovar en las modalidades contractuales".

Y es que, según señala el informe, los contratos de trabajo con prácticas y para la formación vigentes desde hace tres décadas, con múltiples reformas, arrojan un balance "insatisfactorio" y son considerados "residuales". Al mismo tiempo, indica que "la negociación colectiva no ha hecho uso de las facultades que la norma pone a su disposición para fomentar el empleo de los jóvenes". "Materias tales como la clasificación profesional, el tratamiento salarial, el período de prueba o el recurso a las modalidades dirigidas a jóvenes han sido tratadas más para establecer limitaciones que para fomentarlas", añade.

Más aún, el informe determina que las medidas puestas en marcha por el Gobierno han sido "excesivamente tímidas" comparadas con las desarrolladas en temas como los despidos colectivos. Dicho esto, el informe apunta que el contrato a tiempo parcial, "a pesar de las sucesivas reformas, no ha cosechado el éxito que cabía esperar a la vista de la experiencia comparada", por lo que "todavía necesita de una revisión a fondo a efectos de lograr su mayor promoción en la coyuntura actual". En paralelo, el estudio ve necesario "potenciar al máximo" las prácticas en las empresas "en un contexto de mayor seguridad jurídica y coordinación normativa", puesto que en ocasiones se asimila a estos jóvenes como trabajadores autónomos a efectos de la Seguridad Social, para impulsar su empleabilidad y su posterior contratación.

Por otro lado, el Instituto Internacional Cuatrecasas considera que la opción del autoempleo o la creación de una empresa para los jóvenes es "limitada", no sólo por las dificultades que afectan al conjunto de la economía, en especial las asociadas a la financiación de las actividades productivas, sino también por el hecho de que "los programas educativos han estado alejados, o incluso han sido beligerantes, con la iniciativa empresarial".

"Yo tengo una actividad mayor como presidenta del partido, que trabajo hasta los domingos, que como diputada, con menos actividad profesional", ha asegurado la líder de los populares catalanes. En este sentido, ha recordado que su vida ha cambiado "totalmente" en el último lustro, cuando asumió la presidencia del partido en Cataluña "Tengo más responsabilidad y más trabajo, y este trabajo se paga. No es un sobresueldo". Según ha afirmado, se trata de unos "sueldos transparentes" que se pagan con nóminas y las retenciones "normales".

"Las declaraciones del señor Nasarre sobre estas aportaciones no están justificadas por el partido, ni tengo conocimiento ni nunca lo he sentido en la dirección nacional ni, evidentemente, en Cataluña", ha señado tras matizar que los sueldos de los dirigentes populares son "legales y que han salido de la contabilidad del partido". Al respecto, ha agregado que las cuentas de la formación "son claras y transparentes, que se han auditado y se han llevado al Tribunal de Cuentas" y que, además, han tenido superávit en los últimos ejercicios.

Por otra parte, la líder del PPC ha amenazado con llevar al Constitucional la nueva ley de consultas, si esta vulnera las competencias del Estado, único que podría convocar un referéndum. "No se puede preguntar más allá de la competencia autonómica", ha señalado y destaca que para poder hacerlo habría que reformar la Constitución. Sánchez-Camacho ha destacado también que dentro del Ejecutivo catalán hay división en la cuestión de la consulta soberanista, y que el presidente de la Generalitat Artur Mas continúa equivocándose e interpretando mal lo que quieren los ciudadanos.

"Soy fan suyo y le pedí que se quedara pero me contestó que ya no da más y que es muy complicado. Para nosotros los brasileños, sería una alegría inmensa verlo jugar en Europa ya que es el mejor futbolista de Brasil. Mejorará allí seguro", declaró el guardameta.

Así lo ha manifestado Rubalcaba en la conmemoración del 150 aniversario del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), en la que ha tenido lugar la presentación mundial de la Alianza Progresista, una nueva organización de carácter global en la que van a estar representadas casi un centenar de formaciones socialdemócratas y progresistas de todo el mundo.

En este acto, el líder del PSOE ha contestado a la pregunta de quién considera que debe pagar la crisis, pero ha lamentado que lo están haciendo "muy poco" y que apenas se ha avanzado en resolver los problemas que llevaron a la quiebra del sistema financiero. Pero más que eso, ha dicho que lo que más le preocupa es que "vuelva a haber otra crisis por no solucionar esos problemas de fondo".

"Ni con Google Maps"

Rubalcaba ha aprovechado para hacer hincapié en que "quien no debe pagar por la crisis" son "los trabajadores que han perdido su empleo y que no encontrarían un paraíso fiscal en el mapa ni con la ayuda de Google Maps".

"Tampoco la izquierda política, porque el origen de la crisis tiene que ver con nosotros bastante poco", ha añadido, ya que ha explicado que los partidos de izquierda apuestan por la "regulación" de los mercados, en lugar de por la "desregulación", y es ahí donde ha subrayado que está parte de la solución.

Asimismo, el secretario general del PSOE considera que tampoco deben pagar por la crisis las "conquistas" que, según considera, han logrado los partidos socialdemócratas, como son "hospitales, escuelas, el sistema de pensiones o la Europa en la que todos quisimos entrar".

"Tan importante como ver quién paga por la crisis, que ojalá podamos conseguir que alguien la pague, es cómo salimos de la crisis y qué instituciones queremos proteger para salir", ha concluido.

Alfonso Guerra considera que las críticas de Aznar al Gobierno son como "la tinta del calamar" para tapar el "enorme problema" que tiene el PP y que montó el propio Aznar.

A su juicio, este es el principal objetivo de la declaración del ex jefe del Ejecutivo, quien pretendía desviar la atención sobre los distintos asuntos sobre una posible financiación irregular que investiga la justicia.

El levantamiento de la medida provisional se ha acordado cuando se ha cumplido el plazo previsto por la ley para que se prolongara o levantara la suspensión, ya que la admisión a trámite fue adoptada por el TC en enero.

El Ejecutivo de Artur Mas aprobó, a instancias de ERC, recientemente la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios con el que se espera ingresar 500 millones al año,  pero el Ejecutivo central anunció su recurso contra esta decisión al considerar que las autonomías no tienen capacidad para fijar un impuesto a dichos depósitos.

El pasado 28 de diciembre, el presidente Mariano Rajoy dijo en rueda de prensa que el Gobierno había aprobado una norma por la que el Ejecutivo establecía su propia capacidad para fijar un impuesto a los depósitos bancarios, por lo que no tenía sentido que las autonomía establecieran un impuesto distinto.

De este modo, el Gobierno recurrió ante el TC pidiendo la suspensión temporal de la medida en tanto el alto tribunal no resuelve sobre el fondo del asunto, lo que inicialmente acordó el Constitucional.